En un desarrollo notable en el polémico caso conocido como la Ruta del Dinero K, la vicepresidenta argentina, Cristina Kirchner, fue sobreseída por el juez federal Sebastián Casanello. Esta acción se produce tras el requerimiento del fiscal Guillermo Marijuan y el apoyo de dos agencias gubernamentales, la AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF).
La investigación, que se centró en el blanqueo de 55 millones de dólares y que llevó a la condena del empresario Lázaro Báez, concluyó en el sobreseimiento de Cristina Kirchner. Casanello sostuvo que su labor como juez se limitaba a examinar la razonabilidad y legalidad del pedido del fiscal, quien afirmó no contar con pruebas suficientes para vincular a la vicepresidenta con el lavado de dinero liderado por Báez.
El fiscal Marijuan y la controversia del sobreseimiento
Las conclusiones del fiscal Marijuan se basaron en un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCo), que reveló 372 comunicaciones entre Báez y el entorno de Cristina Kirchner, y un encuentro entre ellos en la Quinta de Olivos en 2010. A pesar de estas evidencias, Marijuan consideró que no eran suficientes para demostrar la participación de la vicepresidenta en las operaciones de lavado de dinero.
El efecto del sobreseimiento y el futuro de la investigación
Con la firma de Casanello, se cierra un capítulo de una década en la investigación de la Ruta del Dinero K, pero no la totalidad del caso. A pesar de este sobreseimiento, la vicepresidenta seguirá siendo investigada en relación a un segundo expediente que se centra en el patrimonio adquirido por Lázaro Báez, y si estas propiedades fueron compradas a título personal o como testaferro de los Kirchner.
El rechazo a la querella y la controversia continúa
Al darse a conocer el sobreseimiento, la ONG Bases Republicanas intentó convertirse en querellante en el expediente para apelar la decisión de Marijuan, pero su pedido fue rechazado por Casanello. El juez afirmó que la ONG no cumplía con los requisitos jurídicos necesarios y añadió que el objetivo de Bases Republicanas parecía ser cuestionar la posición adoptada por el Ministerio Público, en lugar de representar a una parte ofendida en el caso.